domingo, 6 de julio de 2008

La Educación Pública que necesitamos


¿Qué está pasando en la Educación Chilena, que ha provocado tan apasionado debate, traspasando aulas y hogares a lo largo y ancho del país?
Las cifras duras evidenciadas por el estudio SERCE, que midió los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe, nos muestra entre los primeros lugares de la región, sin embargo la percepción ciudadana reivindica la falta de calidad y cuestiona el aprendizaje de nuestros alumnos.
La única explicación que brota espontánea, es la evidencia; tal como en otras facetas del quehacer nacional; de las tremendas brechas de equidad, que tienen en entredicho el modelo económico existente en el país. Así, como en la Salud Pública o en el ingreso per capita, el país muestra indicadores muy buenos; al análisis acucioso, escarbando el corazón de Chile, vemos que la distribución de la riqueza se expresa con la misma dureza en la Educación Pública del país.
De este modo, queda claro que la accesibilidad a las oportunidades de estudios superiores y laborales, no son idénticas si se ha egresado de un colegio particular, que de uno municipal. La brecha se torna dramática cuando la educación municipal concentra a los grupos más carentes y más vulnerables.
Comparto mantener la historia republicana del país dando evidencias de respeto y tolerancia, a la convivencia armónica de una educación pública junto a una privada, que mayoritariamente expresa el sentir de muchas religiones, corrientes filosóficas y comunidades avecindadas en el país; sin embargo, no puedo tolerar una educación pública menoscabada, que no garantice un mismo nivel de calidad y oportunidades, como a los grupos más favorecidos del país.
Ahí es donde debe emerger el rol del estado creando las condiciones para hacer desaparecer tan repudiable inequidad. Por eso veo hoy la oportunidad de avanzar en esa dirección.
Precisamente, el candente ambiente que vive el país, con una agónica LOCE, se está a punto de derogar una de las tantas leyes amarre heredadas del Gobierno de Pinochet. Las reglas del juego no permiten el cambio con una mayoría simple; ya difícil de obtener con tanto díscolo dando vueltas en la política; sino que obligan a una votación con fuero calificado. Inevitablemente el escenario obliga a negociar buscando consensos con la oposición al gobierno de Bachelet. Es precisamente en este aspecto donde siento la falta de comprensión de sectores de la concertación y de la izquierda extraparlamentaria, que no comprenden dar como primer paso la eliminación de la LOCE, dando cabida al marco que ofrece la Ley General de Educación.
De ese modo, esto debe entenderse como un primer acto legislativo, que necesariamente debe complementarse con cuerpos legales suplementarios, que permitan garantizar una Educación pública, que reciba los aportes económicos que requiera; que incluya indicadores de gestión que midan el aprendizaje de nuestros alumnos; que tenga la tuición más directa del Ministerio de Educación, no dejándola al arbitrio de los municipios; que permita igualdad de condiciones de acceso a las oportunidades a todos los estudiantes chilenos, independiente de la calidad de la cuna donde se nació.

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